COMUNICADO DE SERPAJ AMÉRICA LATINA ANTE LA
MASACRE CURUGUATY - PARAGUAY
El Servicio Paz y Justicia América Latina
es una organización que funda su
actuar en el profundo respeto por los Derechos Humanos y la No Violencia Activa,
principios inspiradores y regidores de nuestro quehacer en el continente.
En
esta línea nuestro Servicio rechaza profundamente cualquier forma de violencia
que implique la subyugación del otro(a), el no reconocimiento de la dignidad
humana y la vulneración de derechos que viole las garantías constitucionales de
todo ciudadano/a.
El
pasado 15 de junio se cumplieron tres años de la Masacre ocurrida en el predio
„Marina Kue?, ubicado en el distrito de Curuguaty, Paraguay y a pocos días que
se celebre el juicio contra los campesinos, venimos a declarar lo siguiente:
1.-
Como Servicio Paz y Justicia manifestamos nuestra preocupación pues desde el día
de la masacre los campesinos imputados, hombres y mujeres,se encuentran en
prisión preventiva, claro signo de la dilatación y parcialidad con la que ha
actuado la justicia en Paraguay.
Junto con ello, no podemos obviar la
inexistente protección judicial, en el caso de denuncias presentadas por
amenazas, detenciones arbitrarias y amedrentamiento de los campesinos que no se
encuentran privados de libertad.
2.-
Creemos que la justicia paraguaya y su ciudadanía debe prestar especial atención
al Derecho a la Tierra en Paraguay, tal como mencionó el Papa Francisco en su
primera encíclica “Laudato Si” en el punto 94: “El rico y el pobre tienen igual
dignidad, porque «a los dos los hizo el Señor» …
Esto tiene consecuencias
prácticas, como las que enunciaron los Obispos de Paraguay: «Todo campesino
tiene derecho natural a poseer un lote racional de tierra donde pueda establecer
su hogar, trabajar para la subsistencia de su familia y tener seguridad
existencial.
Este derecho debe estar garantizado para que su ejercicio no sea
ilusorio sino real…”.
3.-
Es necesario que la justicia esclarezca la propiedad de las Tierras, que según
diversas fuentes, pertenecerían al Estado y no a la familia del empresario Blas
N. Riquelme, ya que uno de los argumentos más fuertes de la fiscalía, es que los
campesinos estarían ocupando ilegalmente tierra de privados, hecho que habría
justificado el desalojo por parte de la policía paraguaya.
4.-
De manera paralela a las irregularidades judiciales que estarían ocurriendo en
torno al caso, rechazamos la estigmatización social que se ha generado en torno
a los movimientos sociales y su legítima expresión ciudadana, pues creemos
firmemente que el derecho a reunión, manifestación y expresión, son derechos
humanos que deben ser reconocidos universalmente.
5.-
A pocos días de la celebración del Juicio Oral y Público, instamos a la justicia
a un proceso transparente, imparcial, que asegure el respeto por la dignidad y
la vida humana.
6.-
Así mismo instamos a la justicia a establecer mecanismos de reparación para los
y las campesinos detenidos y sus familias.
En esta línea declaramos nuestra
preocupación, ante la situación de los abogados de la defensa, quienes estarán
sujetos a sumario durante todo el proceso, hecho que presiona y compromete la
legitimidad del juicio.
7.- Creemos fundamental que el proceso judicial cuente
con Observadores de Derechos Humanos, Nacionales e Internacionales, que aseguren
que los procesos judiciales sean imparciales y trasparentes.
8.-
Finalmente, como Servicio Paz y Justicia, confiamos que este proceso judicial
logrará esclarecer los hechos, tomando en consideración todas las pruebas
presentadas, fundamentando el juicio en el respeto por los derechos humanos, y
observando con especial atención el problema de fondo, que es resguardo al
derechos a la tierra de miles de campesinos empobrecidos en Paraguay.
SERVICIO PAZ Y JUSTICIA
AMÉRICA LATINA
Ademas los invitamos a ver este
video:
https://www.youtube.com/watch?v=vVQ9mFgeWXc&feature=youtu.be
ResponderBorrarMARINA - CUE: JUICIO JUSTO, ANULACIÓN YA
Tras sucesivas suspensiones, el próximo 27 de julio
está previsto el juicio oral y público de 13 personas
imputadas en la causa por la masacre de Marina Kue,
todas ellas campesinas, en el marco de un proceso
viciado de irregularidades donde la acusación se hizo
sin fundamentos; durante tres años, estos
ciudadanos y ciudadanas enfrentaron numerosas
situaciones de injusticias, orientadas a ratificar una
sentencia que no busca a los verdaderos culpables.